Santo Domingo.-El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, ordenó anoche investigar por qué el procurador adjunto de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Félix Santana, al representar al ministerio público en una audiencia celebrada el pasado 6 del mes en curso por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, no se opuso a la decisión del juez de Ejecución de la Pena de ese Distrito Judicial, Francisco Mejía Angomás, quien ordenó la libertad de los imputados por presunto cumplimiento de sentencias.

Los imputados son los hermanos Antony Erisky Manzano García y Edwin Manzano García, así como Ángel Wilson Adames, quienes estaban condenados a 10 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Barahona, por violación a la referida ley.

Las instrucciones fueron dadas mediante oficio al procurador general adjunto, Bolívar Sánchez, encargado de Asuntos Internos de la Procuraduría; al procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Juan Amado Cedano Santana, y al procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Barahona, Esteban Sánchez.

La condena
En la comunicación, el Procurador precisa que “por este medio se les instruye realizar una profunda y exhaustiva investigación de los motivos y razones que rodearon el pedimento realizado por el procurador adjunto de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Félix Santana, quien representó al ministerio público en la audiencia celebrada el 6 de septiembre del año en curso, mediante la cual el juez de Ejecución de la Pena de ese departamento judicial, Francisco Mejía Angomás, ordenó la libertad de los nombrados Antony Erisky Manzano García, Edwin Manzano García y Ángel Wilson Adames Peña, los cuales estaban condenados a 10 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Barahona por violación a la Ley 50-88”.