SANTO DOMINGO.-El ingeniero Raúl Hernández Castaños, presidente de la Unión de Farmacias, Inc., dijo que ese sector está preocupado por las amenazas que ponen en peligro las cuantiosas inversiones privadas del sector, así como el patrimonio de sus familias.

En estas declaraciones ofrecidas durante la juramentación de la directiva de este gremio para el período 2010-2011, explicó que actualmente hay dos competencias desleales que amenazan el sector: una privada y otra pública patrocinada por el estado.

La competencia desleal privada, que se verifica en los descuentos en medicinas, algunos desproporcionados realizados por farmacias, cuyos dueños en su mayoría no tienen forma de justificar su patrimonio; y otros que venden cualquier clase de medicina, sin importar su procedencia y los riesgos que ellos y sus ingenuos clientes pueden tener.

“Sin embargo, cada día se hacen más frecuentes las promociones de negocios a través de descuentos y especiales, poniendo en peligro la estabilidad de los negocios serios, ya que los márgenes de las medicinas legales y originales no dan para dar descuentos. Sobre todo en un momento en que los costos operacionales están en alza”, añadió.

Hernández Castaños señaló que otra amenaza para el sector son los casos de empresas, que siendo laboratorios de fabricación de medicamentos, al mismo tiempo son importadores, distribuidores y dueños de farmacias.

“Estos negocios, en franca violación a nuestros estándares, deciden eliminar su margen en uno de los eslabones de su cadena vertical de distribución para ofrecer descuentos especiales en detrimento de las empresas de fabricación y distribución, con el consiguiente daño para las demás empresas mayoristas del ramo y para sus clientes del otro nivel de la cadena, como son las demás farmacias”.

En tal sentido, exhortó a los socios de la Unión de Farmacias, Inc., a unirse para erradicar esa odiosa y desleal práctica.

“Ustedes más que nadie saben que si todos decidiéramos dar los descuentos en medicinas legales, el sector completo, incluyendo las farmacias, los fabricantes y los distribuidores se irían a la quiebra, porque no hay forma legal de soportar los costos operacionales”, puntualizó.

COMPETENCIA DESLEAL ESTATAL:
Manifestó que ese sector también es víctima de la competencia estatal desleal, ya que nunca como ahora el gobierno dominicano a través de las “Farmacias del Pueblo”, cadena estatal con vocación de convertirse en privada, patrocinada por Promese/Cal, decide entrar en competencia frontal con un sector económico de inversión privada, que como el farmacéutico ha gozado de estabilidad, en la loable y sacrificada labor que ejecuta con dedicación y entrega.

“Contemplamos con asombro e indignación como dicha entidad estatal gasta millones de pesos, de los impuestos que pagan los ciudadanos y empresarios, en publicidad, a través de los diferentes medios de comunicación para promover la venta altamente subvencionada de medicinas que debieran ser suministradas a los pobres e indigentes de manera gratuita en los hospitales del sistema estatal de salud”.

“Según las informaciones que disponemos Promese/Cal gasta un promedio de RD$8, 000,000.00, al mes en publicidad de las Farmacias del Pueblo. Si estos millones se usaran para comprar las medicinas que hacen falta en los hospitales y para regalarlas a los más necesitados los resultados en la población fueran diferentes”, afirmó el presidente de la Unión de Farmacias.

Asimismo, precisó que es una pena que mientras Salud Pública sufre de necesidades pecuniarias para realizar su labor de prevención, en PROMESE se hace alarde de bonanza al anunciar la instalación de más de 200 nuevas “Farmacias del Pueblo”, de por si ilegales por su ubicación y por el procedimiento que se usa para abrirlas.

Aseguró de manera categórica: “Les podemos asegurar, sin temor a equivocarnos que, si las farmacias privadas recibieran del estado la subvenciones y exenciones que recibe PROMESE/CAL, podrían vender los medicamentos a los pobres de verdad, a la mitad del precio que los vende PROMESE/CAL”.

Hernández Castaños manifestó que con 125 millones mensuales de subvención más las exenciones impositivas y los gastos operacionales, que cubre el estado con los impuestos que todos pagamos podríamos tener medicinas en los hospitales para regalar a los necesitados y para vender con subvención a los pacientes de estos que las puedan pagar.

Dijo que si el Estado entiende que la mejor forma de vender medicinas a nivel nacional es mediante una cadena monopólica de corte público, la Unión de Farmacias está en la mejor disposición de venderle todos sus puntos de ventas y salirse de la actividad antes de la quiebra de su sector.