La conclusión de los exámenes permitió el desembolso inmediato de un monto equivalente a DEG 158,5 millones (aproximadamente US$249 millones al tipo de cambio corriente), con lo que el total de recursos disponibles en el marco del acuerdo asciende a un monto equivalente a DEG 437,8 millones aproximadamente US$687,6 millones al tipo de cambio corriente.

El Acuerdo Stand-By fue aprobado el 9 de noviembre de 2009 (véase el Comunicado de Prensa No. 09/393 (S)) por un monto equivalente a DEG 1.100 millones (aproximadamente US$1.720 millones al tipo de cambio corriente), o 500% de la cuota de la República Dominicana en el FMI.

El primer examen del programa, que concluyó el 7 de abril de 2010 (véase Comunicado de Prensa No. 10/137 (S)), habilitó un desembolso equivalente a DEG 79,27 millones (aproximadamente US$124,5 millones al tipo de cambio corriente). El segundo examen se aplazó porque las autoridades necesitaban más tiempo para formular las políticas para el segundo semestre de 2010.

Además de concluir los exámenes el pasado 22 de octubre, el Directorio Ejecutivo aprobó dispensas de aplicabilidad de un criterio de ejecución de finales de septiembre en vista de los atrasos del sector público frente a los proveedores de electricidad (que se regularizaron posteriormente); y dispensas de aplicabilidad de dos metas fiscales dado que en el momento de la reunión del Directorio Ejecutivo no se disponían de datos sobre el cumplimiento.

El Directorio Ejecutivo también aprobó criterios de ejecución adicionales para 2011 y parámetros de referencia estructurales para 2010 y 2011. Todos los parámetros de referencia cuantitativos y estructurales correspondientes al segundo y tercer examen fueron cumplidos.

Concluidas las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, el Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, Murilo Portugal, dio a conocer la siguiente declaración:

“Tras un virtual estancamiento a comienzos del año pasado, la economía dominicana está recuperándose con fuerza. Se prevé que en 2010 y 2011 el PIB real crecerá más de lo anteriormente proyectado, con un nivel bajo de inflación.

La actividad económica positiva es el resultado de las políticas monetarias y fiscales de estímulo aplicadas hasta mediados de 2010 y de condiciones externas menos adversas. El sistema financiero ha soportado bien la crisis mundial.

La política fiscal ahora ha entrado en una nueva fase en el segundo semestre de 2010, y el proceso de consolidación fiscal ha empezado de forma adecuada.

Para garantizar el cumplimiento de las metas fiscales para 2010, las autoridades están controlando estrictamente el gasto corriente.

En el presupuesto de 2011 se prevé un déficit fiscal consolidado de 3% del PIB, que representa un ajuste de un 1% del PIB, y que se logrará mediante una reducción de los subsidios indiscriminados a la electricidad y un fortalecimiento de las recaudaciones fiscales basado en una racionalización de las exenciones tributarias y un mejoramiento de la administración tributaria; estas metas concuerdan con el programa original.

El Banco Central ha efectuado una gestión flexible de la política monetaria y su historial en este sentido es encomiable. Al haberse reducido la brecha del producto, el Banco Central recientemente subió la tasa de política monetaria a 4¾% —un nivel que todavía genera estímulo— después de un año de haberla mantenido en 4%.

El Banco Central ha indicado que está dispuesto a aplicar una tasa aún más restrictiva de ser necesario para hacer frente, en su momento, a presiones inflacionarias.

El plan de las autoridades de adoptar un régimen de metas de inflación en 2012 se vería facilitado por un tipo de cambio de mayor flexibilidad. La continuidad del plan de recapitalización del Banco Central es esencial para la credibilidad de la política monetaria.

Las autoridades asimismo tienen previsto implementar un régimen de supervisión consolidada basada en riesgos, que reforzaría la protección del sistema bancario contra los shocks financieros.

Los riesgos que pesan sobre las perspectivas siguen equilibrados y podrían gestionarse realizando reformas estructurales continuas y aplicando una política macroeconómica flexible. Las reformas en el sector de la energía eléctrica, para aliviar la carga que esta supone para las finanzas públicas, y las mejoras en la recaudación tributaria serán cruciales para la sostenibilidad fiscal.”